Mientras familias y comercios no llegan a pagar el servicio, el sector intenta resistir la merma de recursos. Piden ser escuchados y rechazan “ir a un sistema donde el que tiene dinero contrata el servicio y el que no, retrocederá al farol”. El rubro Vivienda y servicios habría aumentado 50% en abril.

Esta semana, se conocerá el índice general de precios de abril y las proyecciones privadas anticipan una desaceleración vinculada a la fuerte contracción del consumo de bienes esenciales (cayó 20,4% en abril y viene con un derrotero a la baja desde fines del 2023). Sin embargo el rubro «Vivienda y servicios» (electricidad, agua, gas) sigue en alza con subas de dos dígitos en los tres primeros meses del año, al punto que habría escalado al 50% mensual en abril, impulsada por las tarifas. En dicho escenario, crece la preocupación del sector de cooperativas de servicios que alertó por el impacto de la quita de subsidios y la suba de precios no solo para su propio funcionamiento sino para cientos de localidades del país, donde podría correr riesgo el acceso de la población al servicio.

Según datos oficiales, más de 4 millones de familias argentinas reciben servicios públicos a través de más de 1200 cooperativas que proveen agua, gas, electricidad, internet, telefonía, entre otros. Tienen un impacto tal en el país que se estima que hay más de 8 millones de argentinos que tienen luz gracias a que son socios de distintas cooperativas eléctricas que hoy hacen maniobras para no dejar a sus localidades a oscuras como consecuencia de la desregulación impulsada por el Gobierno, la suba de los precios de compra en la energía mayorista, el alza de tarifas y la mayor deuda por parte de usuarios residenciales y productivos.

Un proyecto ingresado recientemente en la Cámara de Diputados de la Nación advirtió por la situación que atraviesan las cooperativas eléctricas en un país donde el 62% de la población forma parte de alguna de una relación asociativa, por lo que su supervivencia hace al desarrollo local, la generación de fuentes de trabajo, y la calidad de vida de los hogares argentinos.

Alarma en las cooperativas de servicios

La inflación de servicios sigue en alza. El rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” del índice de Precios al Consumidor que releva el INDEC, fue uno de los de mayor impacto en marzo (+13,3%) sólo superado por “Educación” y “Comunicación”, siendo la cuarta suba consecutiva de dos dígitos (diciembre 13,8%, enero 14%, febrero 20,2%). Con respecto al mismo mes de 2023 creció 220,5%. En esa línea, las proyecciones para el mes de abril, cuyo dato oficial se conocerá este martes, indican que el rubro encabezó el alza de precios del mes con un aumento entre el 49% (medición Eco Go) y el 54% (medición Orlando J. Ferreres). De hecho, en el Índice de Precios de al Consumidor de CABA de abril, tuvo la mayor suba entre los rubros (+22,9%).

A nivel nacional, Eco Go estimó en su Relevamiento de Precios Minoristas que la categoría estuvo “impulsada por las fuertes subas en tarifas de gas y electricidad”, llegando a quintuplicar el alza del promedio general que se ubicaría en torno al 9%. Así, en cuatro meses el rubro habría crecido 134,1%, mientras que el nivel general se ubicó en 66,9%. Ante esta realidad y especulando con el índice de precios de mayo, el Gobierno suspendió el inicio de la actualización por fórmula de las tarifas de gas y electricidad prevista para este mes (combina salarios, precios mayoristas e índice de la construcción, e impactaría en transporte y distribución) aunque podría implementarse desde junio.

Se vuelve evidente que el impacto en los gastos familiares no pasa inadvertido, solo en el AMBA la canasta de servicios públicos pasó de representar el 6% de un salario promedio de un empleado formal al 13%, de acuerdo al informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) que indicó que el costo trepó 241% en solo cuatro meses (pasó de $30.100 en diciembre a $102.779 en abril).

 

 

Frente a dichos datos, que dan cuenta del impacto de la quita de subsidios y la desregulación de precios en el bolsillo de la población, un aspecto sobre el que no suele ponerse el ojo es lo que sucede en cientos de localidades del país que acceden a estos servicios esenciales por intermedio de cooperativas que hoy denuncian que corre riesgo la prestación del servicio si no hay respuestas al ahogo financiero y la imposibilidad de usuarios residenciales, comercios y pequeñas empresas de afrontar el monto de las boletas. En el caso particular de los servicios públicos, los datos oficiales muestran que más de 4 millones de familias argentinas reciben servicios públicos a través de estas cooperativas (más de 1200 en total) que proveen agua, gas, electricidad, internet, telefonía y otros. Tienen un impacto tal en las localidades de nuestro país que se estima que hay más de 8 millones de argentinos que tienen luz gracias a que son socios de distintas cooperativas eléctricas.

En diciembre pasado se publicó el DNU 55/2023 que declaró “la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural, hasta el 31 de diciembre de 2024.”. El decreto, que intervino los entes reguladores, allanó el camino para que el gobierno avance con los aumentos de tarifas mediante la “revisión de precios” y la premisa de “libre competencia y acceso”. En febrero, la Resolución 7/2024 de la Secretaría de Energía aplicó un aumento de hasta 124% en el precio mayorista de la energía eléctrica (vigente hasta fines de abril) actualizando los Precios de Referencia de la Potencia (Potref), Precio Estabilizado de la Energía Eléctrica (PEE) y el Precio Estabilizado del Transporte (PET).

En tal sentido, las subas mayoristas en materia energética sumado al proceso inflacionario y el deterioro de los ingresos, impactó en las cooperativas que ya no pueden hacer frente a los costos, así como en sus usuarios a los que les resulta imposible pagar los nuevos montos. Todo ello agravado porque la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), firma estatal que regula y comercializa la energía entre generadores y distribuidores, comenzó a enviar intimaciones a las cooperativas de electricidad para cobrar deudas atrasadas, llegando al embargo de cuentas, lo que perjudica aún más la subsistencia de estas entidades que llevan luz, agua o gas a localidades donde las distribuidoras privadas tradicionales no llegan. 

¿Qué dice el sector ante esta realidad? Las cooperativas advirtieron que, de mantenerse este esquema que conlleva además nuevas actualizaciones en el año, podría implicar un golpe duro pata las economías de las localidades que están más allá de los grandes centros urbanos, poniendo en juego la prestación y acceso de servicios esenciales que no son “negocios rentables” para el mercado, a la vez que solicitaron asistencia financiera y ser escuchados por el gobierno nacional. Desde la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad (CONAICE) Luis Castillo señaló que “es tan terrible el impacto de la quita de subsidios en la economía de los pueblos que vamos a pasar a ser muchos de ellos pueblos fantasmas porque ya se nota la desocupación, la caída de la recaudación está llegando al 30%, la gente no puede pagar los servicios”.

Asimismo, el titular del espacio que representa a 400 cooperativas distribuidoras de energía eléctrica en más de 500 localidades de Argentina, se preguntó ante la Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales de la Cámara de Diputados de la Nación “qué va a pasar cuando aumente el gas e impacte en la tarifa eléctrica, de qué manera van a sobrevivir los comercios, que al no pagar los servicios obviamente las cooperativas corremos un gran riesgo de desaparecer porque se va a cortar la cadena de pagos y es algo que no se está advirtiendo».

Castillo es titular también de la Federación de Cooperativas de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (Fecescor) donde el sector cooperativo presta el 30% del mercado eléctrico, con 500.000 conexiones que dan cobertura a 1.200.000 habitantes de la provincia. “Hay que advertir que después de la General Paz hay un interior profundo y cada una de las provincias se ha desarrollado con servicios eléctricos, lo que significa que las cooperativas no son obras de la casualidad sino de la necesidad que se ha mantenido a través del paso del tiempo, porque ni el Estado y mucho menos el capital privado han ido a instalarse en una pequeña comunidad de 15.000 o 25.000 habitantes y de ahí para abajo, para permitir que esas pequeñas poblaciones sobrevivan como ciudadanos con calidad de vida semejante a las grandes ciudades. Si seguimos así, vamos a llegar al mismo sistema que tenemos con la educación, con la salud, con la vivienda, el que tiene dinero va a tener servicio y el que no, retrocederá al farol o a la lámpara”, consideró.

Por su lado, en la provincia de Buenos Aires, se destaca el rol de las 200 cooperativas de servicio público de electricidad que acercan el servicio a localidades de 200 hasta 70.000 usuarios llegando a más de 1.050.000 bonaerenses. Al respecto, Lucas Tasso de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE) de PBA señaló “tenemos una doble preocupación, como usuario del servicio por el impacto de las tarifas y como dirigente del consejo de administración de una cooperativa, que tenemos que velar por cuentas en orden”. En ese sentido indicó “todavía hay usuarios que tienen deuda refinanciada producto del 2020, que vamos a tener que volver a refinanciar por tercera o cuarta vez y que se les va a juntar con el actual ajuste tarifario. Cuidamos a nuestros usuarios y necesitamos que se prorrogue el artículo 87 de ley de Presupuesto, para seguir honrando nuestras deudas en condiciones que podamos hacerlo”.

En tal panorama ingresó a la Cámara Baja un proyecto presentado por el diputado nacional Eduardo Toniolli (Unión por la Patria) con el fin de “expresar gran preocupación por la situación que atraviesan las cooperativas eléctricas de nuestro país” acompañado por una treintena de firmas. Al ser consultado por El Destape, el legislador señaló que “en este momento las cooperativas de servicios en general y, particularmente, las de servicios eléctricos se encuentran en una situación crítica por la decisión del gobierno nacional de liberar las tarifas de energía, en particular la energía eléctrica”.

En esa línea, analizó que “son el primer mostrador ante una parte importante de la población de la Argentina, tanto usuarios residenciales como productivos, en un momento en el que CAMMESA traslada a las empresas distribuidoras y estas a las cooperativas, el aumento de las tarifas. Empiezan entonces a tener una situación conflictiva con los usuarios porque no dejan de ser, desde una perspectiva social, empresas que financian deudas a los usuarios y son llevadas al límite en esta etapa”. En Santa Fe, de donde es oriundo el legislador, un tercio del territorio tiene acceso a la energía eléctrica por intermedio de cooperativas eléctricas, lo que implica el 15% aproximadamente de la población.

La economía que el gobierno no ve

Las cooperativas en su conjunto representan un sector clave para la economía argentina en tanto genera el 10% del PBI, llegando a abarcar a unas 25.000 empresas y unidades productivas con impacto directo en más de 350 mil fuentes de trabajo y un rol central en el desarrollo local a partir de su presencia en diferentes sectores, así como en el comercio exterior, según datos oficiales y sectoriales.

En detalle, de acuerdo con la última información disponible presentada por el área de Estadística del INAES en 2023, existen 19.076 cooperativas distribuidas en todo el territorio nacional que “contribuyen a originar puestos de trabajo y a fomentar una economía sostenible”. En relación hay más de 316.000 trabajadores y trabajadoras vinculadas al sector, que se ubican principalmente en la provincia de Buenos Aires, seguida por CABA, Santa Fe y Córdoba, entre las principales. Asimismo, las mutuales abarcan a más de 34.00 trabajadores en relación de dependencia, siendo Santa Fe y CABA las que concentran el 55% del total.