El aumento, correspondiente al componente de mayor costo de las tarifas que es la generación eléctrica, lo define la Secretaría de Energía de igual manera para todo el país, en base a la programación estacional de cómo se abastece la demanda eléctrica en cada trimestre.
Los valores se actualizaron a principios de febrero y rigen hasta fines de abril, con una suba del 117% ($20.460 el MWh a $44.401) para los usuarios de altos ingresos, comercios e industrias, y sin cambios para los hogares de ingresos bajos y medios, pero el área encabezada por Eduardo Rodríguez Chirillo dispuso su entrada en vigencia desde el 16 de febrero, por lo que en los primeros quince días del mes las facturas no debían actualizarse.
De hecho, la Resolución 102 que pone en vigencia los nuevos cuadros tarifarios contenidos en los 10 Anexos publicados en Boletín Oficial dice textualemente que los nuevos valores se «deberán aplicar a partir de la HORA CERO (00:00 h) del día de entrada en vigencia de la presente resolución», que fue el 16 de febrero.
Al percatarse de esta situación, el ENRE le comunicó el 11 de marzo a las distribuidoras en una nota privada, que facturen de manera retroactiva el consumo de la primera quincena de febrero con los valores más altos del precio mayorista de la electricidad, pero no lo hizo de manera pública.
Aunque los ajustes en el costo de distribución no se pueden aplicar de manera retroactiva, desde el Ejecutivo entienden que si se puede hacer con el valor de generación, ya que el cálculo surge de la concurrencia de la demanda estimada y los costos de la oferta con la que se atenderá. De esta manera, el problema de esta decisión radica en su falta de comunicación.
El aumento retroactivo se ejecutó solamente en el AMBA, ya que el resto de las distribuidoras provinciales no recibieron notificaciones de parte de sus entes reguladores. Por lo tanto, las firmas afrontaron la suba de la generación desde el 1 de febrero, sin poder trasladar el mayor costo a sus clientes desde esa misma fecha.
Funte: Ámbito Financiero