El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Dr. Carlos Saravia, participó este miércoles de una reunión de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional de la Cámara de Senadores de Salta, convocada para analizar un proyecto de ley referido a la continuidad de los servicios esenciales para usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
La iniciativa, presentada por el senador Luciano José Elvira, propone prohibir, en determinadas situaciones, el corte del suministro, el retiro de la conexión domiciliaria o del medidor y/o equipo de medición de energía eléctrica y agua potable por falta de pago a usuarios que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
Durante el encuentro se abordó el contexto económico que atraviesan numerosas familias y su impacto sobre la capacidad de pago de los servicios públicos. En este sentido, Saravia destacó la necesidad de priorizar la situación de los sectores con menores recursos y sostuvo que las iniciativas legislativas que busquen atender situaciones extraordinarias deben ser acompañadas por información que permita evaluar su alcance y aplicación.
“Es muy bueno que los señores legisladores cuenten con toda la información a los efectos de que diseñen o vayan forjando nueva normativa que sea beneficiosa para todos los usuarios”, señaló el titular del Ente.
Saravia remarcó además que los usuarios de menores recursos se encuentran frente a servicios esenciales que, por sus características, no pueden ser sustituidos libremente por otras alternativas de prestación. “La prioridad es quien tiene menos recursos”, sostuvo, al tiempo que señaló que la defensa de esos usuarios requiere una acción conjunta entre los distintos organismos del Estado.
Como resultado de la reunión, el Ente se comprometió a elaborar y aportar un informe con información vinculada a los distintos aspectos abordados durante el encuentro, con el objetivo de contribuir al análisis legislativo y a la elaboración de herramientas que permitan proteger a los usuarios en situación de vulnerabilidad sin desatender las condiciones técnicas y económicas de la prestación de los servicios.
