Aunque el gasto en servicios públicos subió más que la inflación desde 2023, el Gobierno proyecta para 2026 una reducción en la cobertura de subsidios, en línea con el ajuste fiscal. Vuelve el debate por zonas frías y aumentos de tarifas.
Desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 526%
En lo que va del año, los incrementos ya superan el 24%, mientras que la inflación es del 21%, según el Informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET).
Sin embargo, en paralelo, los subsidios económicos cayeron 54% en términos reales, lo que confirma un sendero de recorte sostenido que impacta directamente en las facturas que pagan los hogares.
El Proyecto de Presupuesto 2026 prevé que el Estado nacional destine $11,4 billones a subsidios económicos, un aumento nominal del 20% frente al año anterior, pero con una participación similar en el gasto primario. En términos reales, y considerando el ritmo inflacionario, esto implica una profundización del ajuste.
El presupuesto concentra las transferencias en dos áreas clave: energía, combustibles y minería (56% del total) y transporte (34%).
En el sector energético, el grueso del gasto se destina a subsidios corrientes (82%), con foco en: CAMMESA (mayorista eléctrico); importación de gas; Plan Gas y tarifa social, zonas frías y programa de garrafa
En transporte, los recursos van principalmente al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (SIT) y a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), que recibe casi la mitad del total para trenes.
El Gobierno proyecta para 2026 una reducción en la cobertura de subsidios, en línea con el ajuste fiscal.
Vuelve la polémica por las zonas frías
Uno de los puntos más polémicos del proyecto de presupuesto es la derogación de los artículos centrales de la Ley 27.637, que en 2021 amplió el régimen de zonas frías para subsidiar el consumo de gas en regiones con bajas temperaturas.
La iniciativa propone volver al esquema original limitado a Patagonia, Malargüe y la Puna, lo que implica dejar fuera a millones de usuarios beneficiados por la extensión. Aunque la medida reduce el costo fiscal, otorga al Ejecutivo una alta discrecionalidad para definir quién recibe o no el beneficio.
El informe del IIEP destaca que entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, los hogares del AMBA pasaron a destinar 11,1% de su salario promedio a cubrir servicios públicos. El peso más fuerte lo tiene el transporte (43%), seguido por energía eléctrica, gas y agua. El gasto en transporte, de hecho, fue el que más subió: +33% interanual en septiembre.
El Gobierno proyecta que en 2026 los usuarios financiarán el 80,5% del costo de generación eléctrica, frente al 65% previsto para el cierre de este año. Para lograrlo, deberá aplicar aumentos tarifarios, reducir costos o mejorar la focalización de subsidios.
Sin embargo, el Presupuesto advierte que el esquema está altamente condicionado por el dólar, el precio internacional del petróleo y la capacidad de pago de los usuarios.
Empresas públicas, aún dependientes
El presupuesto también incluye $4 billones en transferencias a empresas públicas: $2,6 billones en gastos corrientes y $1,4 billones en capital. Destacan ENARSA en el sector energético y las operadoras ferroviarias en transporte. Además, $450.000 millones serán destinados al Fondo Fiduciario de Zonas Frías y el programa de garrafa social.
Pese al ajuste, el gasto en empresas del sector energético y de transporte sigue ocupando un lugar central en la estructura presupuestaria.
FUENTE: EL ECONOMISTA